El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal para tipificar el fraude familiar como delito, castigando a quienes oculten o transfieran bienes del patrimonio familiar sin autorización. Esta iniciativa, impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende, busca proteger los derechos patrimoniales de las familias.
Los infractores enfrentarán de uno a cinco años de prisión, una multa de entre cien y trescientos UMA, y deberán reparar el daño. Baja California se une así a otros trece estados que ya han legislado sobre este tema.
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